sábado, septiembre 19 2026
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El discurso del gobernador Alfredo Cornejo ante la Asamblea Legislativa este primero de mayo se configuró como una defensa cerrada de su modelo de administración, priorizando la ejecución de obra pública y la profesionalización de los servicios estatales. Sin embargo, el detalle de los avances en infraestructura, energía y seguridad convive con una realidad económica que mantiene al 38% de los mendocinos bajo la línea de pobreza, marcando el límite entre la eficiencia administrativa y el impacto real en el tejido social.

En el frente de la infraestructura, el Ejecutivo destacó la intervención en las rutas provinciales 22 y 143, junto con la proyección de la Doble Vía del Este por dieciocho millones de dólares. La fisonomía del transporte provincial exhibe una expansión del 68% en el Metrotranvía y la canalización de gran parte del flujo logístico por el corredor Palmira-Agrelo. No obstante, el desafío de la gestión reside en transformar esta conectividad en un motor de crecimiento que logre perforar los índices de desocupación del 6,7%, en un escenario donde la inversión privada en energía solar y minería —con el proyecto Malargüe Distrito Occidental 2— se presenta como la principal apuesta para diversificar la matriz productiva.

La cronicidad de los problemas en salud y educación fue abordada mediante el anuncio de la digitalización de historias clínicas y el ahorro del 95% en la compra de medicamentos específicos, una maniobra que intenta sanear las arcas públicas frente al encarecimiento de los insumos. En materia de seguridad, el mandatario ratificó su política de “tolerancia cero“, informando una población carcelaria de ocho mil personas. Si bien el 70% de los internos cuenta con condena, el endurecimiento del sistema carcelario y el despliegue de tecnología de vigilancia contrastan con las demandas sociales insatisfechas que el propio índice de pobreza oficial delata.

Por ahora, el desenlace de la gestión Cornejo queda supeditado a la aprobación de las reformas enviadas a la Legislatura, incluyendo la actualización de la ley de hidrocarburos y la explotación de litio. El informe de gestión cumplió con el rito de la rendición de cuentas, pero dejó en evidencia que el orden fiscal y la modernización del Estado son condiciones necesarias que, hasta el momento, no resultan suficientes para revertir la fragilidad económica de un sector mayoritario de la población. La viabilidad del modelo Mendoza se medirá, en adelante, no solo por los kilómetros de asfalto o la cantidad de historias clínicas digitales, sino por su capacidad de generar una movilidad ascendente que aún parece esquiva.