Tunuyán: Lapiceras de alto impacto y el costo de un conchabo político

La política territorial en Mendoza ha dejado al descubierto una fisonomía de transacciones que desvirtúan la representación electoral. Por ejemplo el caso de Cristian Gottardini, el dirigente de Tunuyán que desarticuló su propia estructura opositora en 2023 para plegarse al oficialismo, ha cristalizado en una serie de supuestos contratos legislativos de privilegio que confirman la vigencia de una ingeniería basada en el favor y la recompensa estatal.

Este suceso bochornoso para los tunuyaninos, tiene su origen en el cierre de listas del ciclo pasado. Gottardini, tras haber consolidado un 10% de los votos bajo el sello del Frente Unidos por Tunuyán, optó por retirar su candidatura a la intendencia para respaldar la postulación del radical Luis López. Aquella maniobra, calificada en su momento como una “práctica desleal” por referentes del espacio como Jorge Palero, supuso la disolución de una alternativa competitiva a cambio de un acuerdo de cúpulas que recién ahora exhibe sus dividendos técnicos. La birome oficial, siempre dispuesta a rubricar el costo de las lealtades adquiridas, ha mantenido al “dirigente” del Valle De Uco bajo el presunto amparo de la Cámara de Diputados con remuneraciones que escapan a la lógica del escalafón administrativo.

Este esquema de sostenimiento financiero ha sido documentada a través de designaciones que el abogado Marcos Neirotti denuncia como situaciones opacas de la gestión provincial. Gottardini fue beneficiado con una contratación Clase 14 —fuera de los parámetros convencionales— durante gran parte de 2025. Sin embargo, la fisonomía del privilegio se acentuó a comienzos de este año: a pesar del receso legislativo de enero, el dirigente habría recibido un alta contractual hasta el 30 de abril. Esta arquitectura del “cobrar sin trabajar” alimenta las sospechas de una transición hacia un cargo definitivo en algún organismo descentralizado, completando el ciclo del conchabo político.

Por ahora, el silencio de los organismos de control actúa como un facilitador de estas conductas que corroen la confianza ciudadana. El caso Gottardini es la medida real de una política que utiliza el presupuesto público para saldar deudas de campaña y neutralizar adversarios. Mientras la provincia discute la necesidad de estándares de mérito e idoneidad, la Legislatura mendocina persiste en ser el refugio de una ingeniería de favores donde el peso de la firma estatal se utiliza para blindar el destino personal de quienes deciden rifar su capital político en el mercado de las conveniencias.