La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un mandato hacia las provincias para reconfigurar la transparencia en la elección de magistrados, instando a reducir la discrecionalidad de las entrevistas personales. En Mendoza, tras una acefalía récord de diecisiete meses, la conducción del Consejo de la Magistratura local ha optado por el pragmatismo de la espera, postergando la discusión sobre un nuevo reglamento que priorice la idoneidad objetiva sobre el arbitrio político.
El Poder Judicial argentino atraviesa una fase de reordenamiento impulsada por la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema nacional. Bajo la firma de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal envió una señal inequívoca hacia las jurisdicciones provinciales: la necesidad de acotar la incidencia de la entrevista personal en los concursos y asegurar que el acceso a la función jurisdiccional se fundamente en criterios estrictos de mérito. El mensaje apunta a fortalecer la forma republicana de gobierno mediante un modelo institucional que reduzca la opacidad en la evaluación técnica, una advertencia que resuena con especial rigor en el escenario mendocino, donde el sistema vigente desde dos mil dieciocho ha sido objeto de impugnaciones por su marcada discrecionalidad.
A pesar de la contundencia del modelo propuesto hace ya un mes, en la Casa de las Leyes y los tribunales de la provincia aún no se ha acusado recibo de la recomendación federal. Una reforma local parece haber quedado supeditada a los tiempos de la nueva gestión del Consejo de la Magistratura provincial, recientemente asumida por el ministro Julio Gómez tras un vacío de autoridad de casi un año y medio. Ante la consulta sobre la implementación de las directrices nacionales, la respuesta de la conducción local se ha inclinado hacia la cautela operativa, postergando cualquier modificación reglamentaria hasta que la “práctica lógica del ejercicio” justifique un cambio de rumbo, evitando así una discusión inmediata sobre el trasfondo de los debates que hoy dominan la agenda judicial del país.
Por ahora, el silencio institucional de Mendoza actúa como un contrapeso a la tendencia de uniformidad en los estándares de transparencia que busca imponer la Corte nacional. El desenlace de esta quietud técnica será la medida real del compromiso de la provincia con la modernización de sus instituciones, en un contexto donde la sociedad demanda mecanismos de selección de jueces y fiscales alejados de los acuerdos de cúpula. Mientras la Nación proyecta una arquitectura de mérito previsible, Mendoza se mantiene en una fase de observación, donde la balanza entre la discrecionalidad heredada y la objetividad reclamada definirá la calidad institucional de la justicia mendocina en los años venideros.
