El fin de la “tregua” habitacional: el blindaje a la propiedad privada

El Gobierno de Javier Milei ha decidido que el concepto de “función social de la propiedad” es, en términos prácticos, una antigüedad técnica que ya no tiene lugar en su ingeniería jurídica. Con el envío al Congreso del proyecto de ley sobre la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada“, la gestión libertaria presuntamente busca dinamitar el paraguas protector que, desde la era Macri, mantenía en suspenso los desalojos en los barrios populares. Lo que el oficialismo vende como un hito de seguridad jurídica es, para las organizaciones territoriales, la habilitación de una ofensiva que podría dejar a un millón de familias en la calle bajo la modalidad del “desalojo exprés“.

La determinación del proyecto sería quirúrgico ya que deroga la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se asientan las villas, ese requisito administrativo que era la piedra basal para las expropiaciones y la posterior regularización dominial. Al eliminar este paso, el Estado presuntamente le devuelve al titular registral el arma del juicio sumarísimo, reduciendo a cenizas la suspensión de lanzamientos que regía hasta ahora. En los pasillos del Senado, se menciona que el rumor sobre una “solución habitacional previa” es una “idiotez técnica”; el nuevo estándar de normalidad democrática que propone Milei es que, ante la falta de pago o la ocupación sin título, el juez debe ordenar la restitución en un plazo que, en algunos casos, se reduce a apenas 72 horas.

El planteo que baja desde el Ministerio de Desregulación es que estas trabas legales no son más que un lastre que termina por encarecer el suelo y espantar la inversión en vivienda. La tesis oficial sostiene que, al despejar el horizonte judicial, se recupera un estándar de previsibilidad que Mendoza y el país necesitan para volver a hablar de crédito y desarrollo. Es un giro de 180 grados al pasar del esquema de integración sociourbana a un sistema que prioriza la restitución del bien es una determinación que presuntamente busca sanear un mercado donde la informalidad dominial se volvió la norma por falta de reglas claras.

Defender la propiedad privada como el eje ordenador de la economía es la batalla que el Ejecutivo ha decidido dar, convencido de que la seguridad jurídica es el único camino para salir de la parálisis habitacional. En los despachos oficiales se menciona que el rumor sobre posibles conflictos sociales es una idiotez comparada con el daño de mantener un sistema donde el titular registral no tiene derechos reales sobre su bien. La viabilidad de este plan se apoya en la idea de que, sin un respeto absoluto por lo ajeno, no hay inversión posible. La resolución de este debate definirá si Argentina logra finalmente un estándar de normalidad democrática en materia de propiedad o si seguirá presa de una ingeniería legal que, presuntamente en nombre de lo social, terminó dejando a todos sin techo y sin ley.