El archivo de 2012: Los nombres detrás de la expropiación de YPF

Mientras los tribunales de Nueva York dictan sentencias que impactan en las reservas del Banco Central, la memoria técnica obliga a revisar las actas del Congreso de aquel mayo de 2012. La expropiación del 51% de las acciones de YPF, entonces en manos de Repsol, no fue un acto administrativo solitario del Ejecutivo, sino una decisión convalidada por una mayoría legislativa que hoy, bajo la lupa del fallo adverso contra el Estado argentino, adquiere una relevancia fáctica ineludible. Para cualquier observador que sepa leer el rigor de los procesos institucionales, aquellos votos fueron la firma en blanco de una factura que Burford Capital intenta cobrar una década después.

​El análisis de las pizarras de votación revela un consenso político que atravesó gran parte del arco partidario de la época, con una transversalidad que hoy sorprende por la diversidad de sus protagonistas. El bloque del Frente para la Victoria, motor del proyecto con figuras como Agustín Rossi, Héctor Recalde y Mayra Mendoza, contó con el respaldo de referentes que hoy ocupan lugares centrales en el mapa político nacional. Desde el radicalismo, nombres de peso como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Buryaile y Ernesto Sanz acompañaron la recuperación, sumándose al aval de peronistas no alineados con el kirchnerismo en aquel momento, como Felipe Solá y Omar Perotti.
​Esta mayoría abrumadora en el Congreso —63 votos a favor en el Senado y 232 en Diputados— selló el destino de la petrolera bajo el argumento de la soberanía energética, omitiendo en el debate técnico los riesgos de no lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), punto ciego que hoy constituye el corazón del litigio en Manhattan. En la vereda opuesta, el rechazo fue liderado por el PRO, con figuras como Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Jorge Triaca, quienes advirtieron sobre la vulnerabilidad jurídica de la maniobra.

Sin embargo, el escenario de fatalidad financiera que auguraba un desembolso de 16.000 millones de dólares (que con intereses rozaba los 18.000 millones) ha dado un vuelco técnico decisivo. El último fallo judicial en Estados Unidos ha favorecido la estrategia de defensa argentina, desmoronando la pretensión indemnizatoria de Burford Capital y provocando un colapso en la cotización del fondo buitre. Bajo la lupa de 2026, lo que parecía una condena firme se ha transformado en un triunfo de la defensa soberana que libera al país de una carga asfixiante. La verdadera soberanía económica se defendió, finalmente, con rigor jurídico en los tribunales internacionales; un desenlace que quita de encima de los argentinos una deuda multimillonaria y deja al descubierto la fragilidad de la apuesta especulativa de los fondos que pretendían lucrar con el error procedimental de 2012.