24 de Marzo: la memoria íntegra como único camino hacia la verdadera institucionalidad

A medio siglo de los procesos que fracturaron la República, la conmemoración del 24 de Marzo exige una mirada que abandone el sesgo del relato parcial para asentarse en el rigor de la historia integral.

Repudiar el terrorismo de Estado y la desaparición forzada de personas es un imperativo moral indiscutible, pero la honestidad intelectual obliga a señalar también la sangre derramada por las organizaciones armadas que, bajo el paraguas de una supuesta liberación, sembraron el terror en la sociedad civil y en las estructuras de la democracia.

Los datos oficiales son la única base sólida para este análisis. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) han documentado 8.961 casos de desapariciones y asesinatos bajo la responsabilidad del aparato estatal. Este registro técnico es la prueba irrefutable de un plan sistemático de exterminio que operó en centros clandestinos, un horror que la sociedad argentina ha condenado de manera definitiva. Sin embargo, para cualquier observador perspicaz, la verdad histórica queda trunca si se omite el accionar de organizaciones como Montoneros, el ERP y las FAP, que incluso en periodos democráticos optaron por la eliminación física del adversario.

La metodología del asesinato político no conoció límites. En 1969, la ejecución de Augusto Timoteo Vandor, líder de la CGT, marcó el inicio de una táctica de descabezamiento sindical que se repetiría con una crueldad técnica asombrosa en 1973 con el asesinato de José Ignacio Rucci. El secretario general de la CGT fue acribillado con 23 disparos en lo que se conoció como el “Operativo Traviata”, apenas dos días después del triunfo electoral de Juan Domingo Perón. Estos crímenes, sumados al secuestro y ejecución de Aramburu o al asesinato del Capitán Humberto Viola y su hija de tres años, exponen la ferocidad de una insurgencia que no solo atacaba al uniforme, sino que buscaba desarticular cualquier estructura de orden social. El calvario del Coronel Argentino del Valle Larrabure, mantenido durante 372 días en una “cárcel del pueblo” antes de ser ejecutado, o la colocación de artefactos explosivos en ámbitos civiles y cercanías de jardines de infantes, completan un cuadro de violencia sistemática que no puede ser ignorado.

Estos actos, sumados a los más de 1.000 asesinatos perpetrados por grupos como el ERP y Montoneros, conforman una realidad fáctica que no puede ser omitida. Una memoria que solo cuenta una parte de la sangre derramada no es memoria, es propaganda.

La verdadera justicia reside en reconocer a cada víctima y en condenar, sin matices, a todo aquel que eligió el camino del asesinato y el secuestro para imponer su visión del mundo. Solo a través de este reconocimiento integral, repudiando tanto el terrorismo de Estado como a los terroristas que ensangrentaron el país, la Argentina podrá transitar un camino de reconciliación basado en la verdad histórica y no en relatos de conveniencia.