La exmandataria nacional inauguró las audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7 mediante una táctica de confrontación directa, centrando su intervención en la descalificación técnica del proceso instructorio y el cuestionamiento de la legitimidad de las pruebas que documentan una red de corrupción sistémica en la obra pública.
El inicio del debate oral en la denominada “causa de los cuadernos” ha expuesto, una vez más, la recurrencia de una metodología de defensa que prioriza la erosión de la autoridad judicial por sobre la refutación fáctica de las graves imputaciones por asociación ilícita y cohecho.
Durante la jornada de apertura, la expresidenta Cristina Kirchner articuló una narrativa de victimización institucional, desplazando el eje de la discusión desde la materialidad de los retornos ilegales hacia una impugnación integral de la Ley del Arrepentido y la validez de las anotaciones que actúan como columna vertebral de la acusación.
Esta maniobra de dilación procesal, fundamentada en la supuesta existencia de vicios insalvables en la instrucción, busca desactivar la carga probatoria de una fiscalía que sostiene la solidez de una cadena de custodia respaldada por múltiples testimonios de empresarios y exfuncionarios.
La dinámica observada en el tribunal revela una preocupante persistencia en la transformación del banquillo de los acusados en una plataforma de ataque contra la independencia de los magistrados. Al calificar el expediente como un entramado de intereses extrajurídicos destinados a condicionar su futuro político, la principal imputada no solo desafía la majestad de la Justicia, sino que intenta consolidar un régimen de excepcionalidad jurídica donde la responsabilidad penal se diluye bajo el manto de la polarización ideológica.
Esta estrategia de “ataque como defensa” representa un asalto directo a la transparencia administrativa y un obstáculo deliberado para el esclarecimiento de uno de los esquemas de cartelización más vastos de la historia contemporánea, anticipando un proceso marcado por la resistencia sistémica a la aplicación de la ley y el hostigamiento a las instituciones de la República.




