El debate sobre una posible reforma electoral, que incluya la eliminación de las PASO y la readecuación del sistema de financiamiento, es un interesante escenario que podría entrar al centro del tablero político como una propuesta que, aunque aún no se materializa en un proyecto de ley concreto, ya genera movimientos de piezas en todo el espectro partidario.
En un contexto donde la eficiencia del gasto público es el estándar inamovible de la gestión, la mera posibilidad de una reestructuración del calendario electoral se lee como un intento de cirugía mayor sobre los costos de la política, buscando transformar una sospecha técnica en una realidad operativa de cara a 2027.
La minuciosidad de los datos que circulan en los pasillos del Congreso sugiere que, de concretarse la iniciativa, el oficialismo contaría con una base de sustentación que desafía la lógica de los bloques tradicionales. En la Cámara de Diputados, la proyección de 134 votos —superando con margen los 129 necesarios— se apoya en un núcleo duro de La Libertad Avanza (95 bancas), al que se sumarían voluntades estratégicas de Innovación Federal, sectores del radicalismo colaborativo y fuerzas provinciales que ven en la eliminación de las primarias un alivio para sus propias arcas.
Este mapa de apoyos, que incluye nombres clave bajo la influencia de gobernadores como Jaldo u Orrego, demuestra que la demanda de austeridad ha perforado la verticalidad de la vieja guardia legislativa.
En el Senado, el escenario no es menos auspicioso para una eventual reforma. Con una proyección de 40 votos a favor, el respaldo de figuras vinculadas a la UCR y bloques federales permitiría sortear el histórico escollo de la Cámara Alta. La viabilidad técnica de la propuesta descansa sobre un argumento de realismo político: gran parte de las provincias del Norte ya han suprimido las PASO en sus jurisdicciones, lo que vuelve contradictorio el mantenimiento de una estructura nacional que hoy se percibe como una encuesta sobredimensionada y financiada por el contribuyente. Sin embargo, mientras el proyecto no ingrese formalmente, todo se reduce a una guerra de posiciones donde cada sector mide el impacto que un cambio de reglas tendría sobre su propia supervivencia territorial.
Por otro lado, la supuesta reforma funciona también como una herramienta de disciplina interna para el frente gobernante. La advertencia hacia aliados oscilantes como Cornejo o Frigerio es sutil pero persistente, y es que la ausencia de una reforma podría derivar en el despliegue de candidatos propios con alto perfil técnico —mencionándose figuras como Luis Petri o Benegas Lynch— para competir directamente contra las estructuras que se resistan a la modernización. En definitiva, aunque la reforma electoral siga siendo hoy una arquitectura de supuestos, su mera mención ha servido para transparentar las lealtades en un Congreso que, tarde o temprano, deberá decidir si prefiere sostener el folclore de las primarias o avanzar hacia un modelo de representación más austero y directo.
