El cerco sobre la casta platense: la justicia ratifica el procesamiento de Jorge D’Onofrio por lavado de activos

En un fallo de alto impacto institucional que desarticula una de las terminales de poder más influyentes de la provincia de Buenos Aires, la Cámara Federal de San Martín rechazó de manera unánime el recurso de apelación interpuesto por Jorge D’Onofrio, confirmando su procesamiento por el delito de lavado de activos. La resolución judicial, que deja al exministro de Transporte bonaerense y referente del Frente Renovador en una situación de extrema vulnerabilidad procesal, ratifica la existencia de un entramado de sociedades y maniobras financieras destinadas a dar apariencia de legalidad a fondos de origen espurio, marcando el fin de la impunidad para uno de los operadores clave del andamiaje político que sostuvo la gestión de Axel Kicillof.

La investigación técnica, que cuenta con el respaldo de la Unidad de Información Financiera (UIF), logró trazar una ruta de dinero que vincula a D’Onofrio con la adquisición de propiedades y activos financieros que no guardan relación con sus ingresos declarados como funcionario público.

El tribunal consideró que las pruebas recolectadas son contundentes para sostener la hipótesis de un esquema de enriquecimiento ilícito y reciclaje de fondos públicos, desestimando los argumentos de la defensa que intentaban encuadrar las irregularidades como simples errores administrativos. Con este revés judicial, el dirigente de Pilar queda a un paso del juicio oral, mientras la justicia avanza en el embargo preventivo de sus bienes y en el rastreo de cuentas vinculadas a su círculo íntimo y a proveedores del Estado provincial.

Este desplome judicial se produce en un contexto de reordenamiento del peronismo bonaerense, donde la caída de figuras de peso propio como D’Onofrio acelera la fragmentación de las coaliciones que dominaron el conurbano en la última década. Para el oficialismo nacional, la confirmación de este procesamiento funciona como una validación de la política de transparencia y auditoría sobre los resortes del poder que, según la visión de la Casa Rosada, fueron utilizados para el financiamiento de la política sectorial. Mientras la dirigencia de la provincia de Buenos Aires intenta despegarse del escándalo, el fallo de la Cámara envía una señal inequívoca a todo el arco político, en la Argentina de 2026, el blindaje de las “lealtades partidarias” dejó de ser un salvoconducto frente al avance de la ley y la exigencia de integridad en el ejercicio de la función pública.