sábado, septiembre 19 2026
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Y qué dijo de cada uno de ellos en la Asamblea Legislativa.


La apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso estuvo marcada por un clima de alta tensión política. El presidente Javier Milei protagonizó fuertes cruces con legisladores opositores durante la Asamblea Legislativa, en un discurso atravesado por descalificaciones que tuvieron amplia repercusión internacional y que, según distintos análisis, opacaron el contenido de los anuncios vinculados a la agenda legislativa para 2026.

En el marco de lo que definió como un programa de “ultra reformismo”, el mandatario presentó un ambicioso plan de reformas estructurales que contempla la presentación de 90 paquetes de proyectos a lo largo de los nueve meses restantes del año. Según detalló, cada ministerio elaboró diez iniciativas, lo que implicaría el envío mensual al Congreso de un conjunto de propuestas vinculadas a las “verticales de cambio” planteadas en su exposición.

Entre las principales iniciativas enumeradas se encuentran la reforma del Código Civil y Comercial, una reforma tributaria, modificaciones al Código Aduanero, la ratificación de un acuerdo comercial con Estados Unidos y la adhesión a otros tratados internacionales. También se incluyen una reforma electoral y del régimen de partidos políticos, una reforma judicial con impulso al juicio por jurados en el fuero federal, cambios en el Código Penal, una reforma educativa, leyes de desregulación industrial y de la producción primaria, y un paquete de proyectos en materia de Defensa.

En relación con el Código Civil y Comercial, Milei sostuvo que la propiedad constituye la piedra angular de la economía y afirmó que las modificaciones buscarán reforzar su protección, junto con cambios en el Código Procesal Civil y Comercial y en normas vinculadas a la defensa del consumidor y la competencia.

Sobre la reforma tributaria, insistió en la necesidad de reducir la carga impositiva y redefinir el sistema para orientarlo al crecimiento económico. En materia de comercio exterior, planteó profundizar la apertura económica y adecuar el Código Aduanero para mejorar la inserción internacional del país.

El Presidente también destacó la relación con el gobierno de Donald Trump y anticipó la intención de ratificar un acuerdo comercial con ese país, en el marco de una estrategia de alineamiento geopolítico.

En el plano político-institucional, anunció una reforma integral del sistema electoral y del financiamiento de los partidos, con el objetivo declarado de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Respecto de la Justicia, consideró que el Poder Judicial requiere transformaciones para ganar agilidad y eficacia, e impulsó la implementación federal del juicio por jurados.

En materia de seguridad, adelantó cambios en el Código Penal para endurecer penas y ampliar la aplicación de la prisión efectiva.

En educación, propuso reformar los niveles inicial, primario y secundario, al advertir sobre el deterioro en los indicadores de calidad y al señalar que la escuela debe priorizar la formación académica por sobre el adoctrinamiento.

Dentro del paquete económico, el mandatario anunció leyes de desregulación industrial destinadas a eliminar trabas regulatorias y promover la inversión, así como normas orientadas a facilitar el desarrollo de la producción primaria. En este último punto, mencionó recursos como minerales críticos, hidrocarburos, pesca, agricultura y economías regionales, al tiempo que cuestionó lo que definió como “prejuicios ambientalistas” que, a su criterio, obstaculizan el crecimiento.

Por último, confirmó el envío de un paquete de leyes de Defensa para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia.

También quedó pendiente en la Cámara de Diputados el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción en el Senado el pasado 26 de febrero.

Pese a la magnitud del anuncio, el propio contexto político anticipa que la viabilidad de esa hoja de ruta dependerá de la capacidad del oficialismo para negociar en un escenario atravesado por tensiones y equilibrios parlamentarios. No obstante, el Gobierno dejó en claro que, al tratarse de un año no electoral, buscará avanzar con la mayor celeridad posible en su programa de transformaciones.