🟢 Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: el Senado aprobó la baja de imputabilidad a los 14 años
Redacción Oíd Mortales
Con una mayoría de 44 votos a favor frente a 27 negativos, la Cámara Alta convirtió en ley la reforma estructural del sistema de minoridad, alineando la política criminal con la agenda de seguridad del Ejecutivo nacional a horas de la apertura de sesiones ordinarias.
El Senado de la Nación dio sanción definitiva este viernes 27 de febrero de 2026 al nuevo Régimen Penal Juvenil, en una jornada parlamentaria que marca un punto de inflexión en la legislación penal argentina de las últimas cuatro décadas.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, obtuvo el respaldo necesario para desmantelar el modelo tutelar vigente desde 1980 y establecer que los adolescentes sean penalmente responsables a partir de los 14 años.
La aprobación se logró mediante una coalición liderada por el bloque de La Libertad Avanza junto a sectores del PRO y una facción de la Unión Cívica Radical, quienes argumentaron que la modernización del sistema es una respuesta directa a la evolución del delito complejo y una demanda de seguridad ciudadana que no podía seguir postergada bajo normativas de la dictadura.
La nueva ley introduce un sistema de justicia especializado que garantiza el debido proceso y la defensa técnica, pero endurece significativamente la respuesta estatal ante hechos de violencia grave, permitiendo penas de hasta 15 años de prisión en centros de alojamiento diferenciados de la población adulta.
Durante el debate, los legisladores oficialistas destacaron que esta reforma no solo busca la sanción efectiva, sino que establece un marco de responsabilidad individual temprana que obliga al Estado a intervenir de manera integral antes de que el joven se consolide en el sistema delictivo mayor. Por su parte, los sectores de la oposición que votaron en contra centraron sus críticas en la supuesta ineficacia de la baja de edad para reducir los índices de criminalidad y advirtieron sobre la necesidad de mayores recursos para la infraestructura socioeducativa.
Con la sanción completa de la norma, el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
