La IGJ designó veedores en la AFA ante denuncias de opacidad financiera y sedes fantasmas
Redacción Oíd Mortales
La Inspección General de Justicia escala el conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino tras detectar irregularidades contables de larga data y el presunto falseamiento de domicilios legales.
En un movimiento que profundiza la tensión entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia del fútbol nacional, la Inspección General de Justicia (IGJ) ha formalizado la designación de veedores institucionales dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una medida fundamentada en la detección de anomalías administrativas calificadas como graves.
El organismo, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, sostiene que esta intervención técnica es necesaria para garantizar el cumplimiento normativo que rige sobre todas las asociaciones civiles del distrito capitalino, luego de que la entidad presidida por Claudio Tapia se negara sistemáticamente a entregar la documentación contable requerida.
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Los informes oficiales señalan que la AFA no logró explicar las cifras globales de sus balances financieros en un periodo que abarca los últimos ocho años, dejando en la opacidad el rastro de millones de dólares que transitaron por las arcas de la calle Viamonte.
La investigación de la IGJ ha puesto al descubierto maniobras de aparente falsedad ideológica relacionadas con la infraestructura de la entidad, destacándose el intento fallido de trasladar la sede social a un predio en la Provincia de Buenos Aires que, tras la inspección de campo, resultó carecer de instalaciones administrativas funcionales, confirmándose que la operatividad real continúa centralizada en el edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A este escenario de irregularidades se suma la falta de registro legal y transparencia informativa respecto a la denominada “Universidad de la AFA”, un proyecto académico que opera al margen de los controles estatales pertinentes.
El comunicado oficial concluye con una fuerte carga política, alineándose con la retórica de la administración del Presidente Javier Milei al asegurar que no se permitirán privilegios para ninguna asociación civil, reafirmando que el cumplimiento de las obligaciones legales y contables es mandatorio bajo el principio de igualdad ante la ley.
