Ofensiva contra la asfixia fiscal: el Gobierno presiona a provincias y municipios para liberar a la producción
Valentino Reginato
En un movimiento estratégico para consolidar la competitividad argentina, el Ejecutivo Nacional inició una gestión directa para que los gobiernos provinciales eliminen las tasas y gravámenes que distorsionan los costos de producción.
El gobierno nacional busca desmantelar el entramado de 155 impuestos—de los cuales 110 pertenecen a órbitas locales— que actúan como un ancla para el despegue industrial, señalando la contradicción entre el esfuerzo de desgravación nacional y la voracidad recaudadora en el interior del país.
Un caso testigo de esta distorsión fue expuesto recientemente por el ministro Luis Caputo, quien reveló las negociaciones con el sector automotriz para eliminar el 2% de aranceles a la exportación que aún percibe el Estado Nacional. El titular de Economía fue tajante al contrastar el objetivo de llevar ese gravamen al 0% con la realidad territorial. Y es que mientras la Nación recorta sus márgenes, las provincias y municipios cargan sobre la industria hasta 10 puntos de impuestos.
Para la Casa Rosada, esta estructura no sólo es un ataque a la inversión, sino una forma de financiar aparatos políticos locales a costa de la viabilidad de las fábricas que deben competir en el mercado global.
La presión oficial se ejerce sobre un tablero donde las provincias ya han visto recortado su financiamiento por múltiples vías, desde la merma en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hasta la paralización de la inversión en obra pública.
En este marco, la Casa Rosada decidió llevar la batalla cultural y técnica al terreno provincial mediante la creación del “Consejo de la Libertad”, un brazo operativo de la Fundación Faro liderado políticamente por Santiago Caputo. Bajo la presidencia de Felipe Núñez (BICE), este consejo despliega a 24 referentes territoriales con la misión de “iluminar” cada rincón del país y forzar reformas que repliquen el modelo de austeridad de Milei en municipios y gobernaciones, eliminando la maraña de 85 tasas municipales y 25 impuestos provinciales identificados por el IARAF.
Esta ofensiva contra la “inflación impositiva” de las jurisdicciones locales es el nuevo frente de una gestión que no está dispuesta a tolerar que la ineficiencia territorial detenga el camino hacia la normalización económica.
Es sabido que el objetivo para este 2026 es unificar un mapa tributario racional donde el productor o el comerciante no sufran la distinción entre lo nacional y lo local al momento de invertir. La orden del Ejecutivo es que el éxito del modelo nacional dependa de que los feudos provinciales abandonen la asfixia sobre quienes generan empleo genuino, transformando a la Argentina en la economía más libre y competitiva del mundo desde su base misma.
