Rediseño del Estado: oficializan la Secretaría de Discapacidad y ponen el ojo en el Programa de Cannabis
A través del Decreto 27/2026, la administración nacional formalizó este lunes 26 de enero la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La medida pone fin a la autarquía del organismo creado en 2017 y busca, según el discurso oficial, erradicar las irregularidades detectadas en el otorgamiento de pensiones y la contratación de insumos médicos.
El rediseño del Estado nacional sumó en las últimas horas un nuevo hito con la eliminación definitiva de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como ente descentralizado.
Mediante el Decreto 27/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la estructura de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, que operará bajo la órbita directa del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones.
Esta reconfiguración institucional, que ya había sido anticipada por el decreto 942/2025 el pasado 2 de enero, implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica del área, con la eliminación de 16 cargos políticos. Para la Casa Rosada, la centralización es la respuesta técnica a un informe de intervención que detectó un “ecosistema tecnológico fragmentado”, debilidades en el control interno y graves anomalías en la trazabilidad documental de los expedientes.
La nueva Secretaría asume un control absoluto sobre el proceso de auditoría y otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, en un contexto donde el Presupuesto 2026 ya prevé una revisión que podría afectar a unas 155.000 prestaciones bajo sospecha de incompatibilidad.
Bajo la nueva estructura, se crearon dos subsecretarías estratégicas: la de Políticas de Acceso y Apoyos y la de Regulación, Certificación y Proyectos. El objetivo declarado es unificar criterios sanitarios y presupuestarios, terminando con la autonomía de la que gozaba la ANDIS y que, según el Ejecutivo, facilitó manejos discrecionales y la facturación de servicios no prestados por parte de diversas organizaciones. En paralelo, el Gobierno ratificó la prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026, otorgando facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para reorganizar los recursos destinados al sector.
En sintonía con este compromiso, el Gobierno también oficializó el traslado del Programa de Cannabis Medicinal a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR). Esta decisión estratégica permite que el programa, enmarcado en la Ley 27.350, se desarrolle bajo un enfoque estrictamente médico y terapéutico, fortaleciendo la evidencia científica y la seguridad del paciente.
La actualización simultánea de los requisitos para el REPROCANN garantiza que el sistema sea utilizado exclusivamente para fines de salud, protegiendo el espíritu de la ley y optimizando la supervisión estatal.



