¿El fin de la impunidad infantil? El caso Monzón acelera la baja de edad de imputabilidad
Valentino Reginato
Tras el brutal asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, el Gobierno decidió priorizar en las sesiones extraordinarias de febrero la reforma del Régimen Penal Juvenil, buscando equiparar la legislación argentina con los estándares de seguridad del resto de la región.
El asesinato de Jeremías Monzón, el joven de 15 años capturado y ejecutado en un predio abandonado de Santa Fe tras ser contactado por redes sociales, está funcionando como el detonante definitivo para que el Gobierno nacional reactive su agenda de “mano firme” contra la delincuencia juvenil en el país.
Con la detención de una joven de 16 años y la imputación de dos menores de 14 y 15 que, por la legislación vigente, permanecen fuera del alcance de la justicia penal, pero la Casa Rosada está encontrando el respaldo social necesario para forzar a un debate legislativo definitivo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, fueron taxativos, y el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años será el eje de las sesiones extraordinarias que comienzan el 2 de febrero.
Para el oficialismo, la premisa es que “quien tiene edad para matar, debe tener edad para ir preso”, eliminando lo que consideran un “vacío legal” que el crimen organizado utiliza para reclutar menores como mano de obra impune.
La iniciativa no sólo contempla la reducción de la edad de punibilidad, sino una reforma integral que deroga leyes de la última dictadura militar para instaurar un sistema de responsabilidad penal moderno. El proyecto establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves —como homicidios y violaciones— y la creación de institutos de detención especializados, prohibiendo terminantemente la convivencia con adultos.
El Gobierno argumenta que Argentina, junto con Cuba, mantiene una de las edades de imputabilidad más altas del continente, mientras que vecinos como Uruguay (13 años) o Brasil (12 años) ya han adecuado sus normativas a una realidad donde la precocidad delictiva es una constante.
Por estas horas, esa postura cuenta con el aval técnico de sectores del PRO y La Libertad Avanza, que ven en la baja de la edad una respuesta directa a una demanda social que crece al ritmo de la violencia en las periferias urbanas.
El crimen del joven Monzón expone, además, la faceta más oscura del uso de la tecnología en la planificación de delitos. Y es que quienes están a cargo de la investigación confirmaron que los asesinos no solamente utilizaron Instagram para atraer a la víctima desde Santo Tomé, sino que filmaron el ataque y viralizaron las imágenes, un rasgo de crueldad que el oficialismo utiliza para rebatir los argumentos de quienes defienden la inimputabilidad por “falta de madurez”.
Mientras la oposición más dura se opone, el Gobierno nacional apuesta al pragmatismo, argumentando que la seguridad de los argentinos de bien está por encima de las doctrinas garantistas que, según el discurso oficial, han fracasado durante décadas.
Con el dictamen ya listo en Diputados y la presión de la calle en aumento, este 2026 se perfila como el año en que el Estado argentino finalmente abandone la tutela pasiva para aplicar el rigor de la ley a quienes, sin importar su fecha de nacimiento, eligen el camino del crimen.
