Liquidación energética en Venezuela: el pacto entre los Rodríguez y el capital privado bajo la tutela de Washington
Redacción Oíd Mortales
Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero, el tablero de poder en Venezuela ha girado drásticamente hacia una apertura económica forzada.
Según informes de la agencia Reuters, basados en testimonios de personas familiarizadas con el asunto, la vicepresidenta del régimen residual, Delcy Rodríguez, mantuvo reuniones clave con el multimillonario sudamericano Joesley Batista, cuya familia controla el grupo energético Fluxus. En estos encuentros, Rodríguez aseguró que el país está “listo para abrir” la industria del petróleo y el gas a la inversión privada, marcando un giro de 180 grados respecto a la política de expropiaciones del chavismo.
La irrupción de Fluxus en el escenario venezolano no es casual. La empresa de los Batista ha consolidado activos estratégicos en Sudamérica desde su adquisición en 2023 y actualmente evalúa oportunidades de negocio en un mercado que Donald Trump busca normalizar bajo control estadounidense. Estas gestiones se dan en paralelo al anuncio del presidente Trump sobre un “Gran Acuerdo Energético”, el cual fue discutido el pasado viernes en la Casa Blanca con los principales directivos de la industria petrolera norteamericana.
El control financiero y operativo de EE. UU.
El plan de la administración Trump para la “reconstrucción rápida” de la industria venezolana contempla una inversión masiva de al menos 100.000 millones de dólares, según lo expresado por el mandatario en la red social Truth Social. El objetivo es generar millones de barriles de producción para estabilizar el mercado global y beneficiar directamente a la economía de Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo publicado por el Departamento de Energía el pasado miércoles establece condiciones estrictas de soberanía financiera.
Hablando de fideicomisos controlados, todos los ingresos derivados de la venta de crudo y productos refinados de Venezuela se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos de reconocimiento mundial.
Por otra vertiente tenemos el control indefinido en el cual Washington ha manifestado que mantendrá el mando sobre la industria petrolera del país de manera indefinida.
Y para rematar está el reingreso de gigantes con un nuevo esquema que abre la puerta al retorno de ExxonMobil y ConocoPhillips, firmas que abandonaron el país en 2007 tras la exigencia de Hugo Chávez de ceder el control mayoritario de sus operaciones al Estado. Actualmente, Chevron es la única empresa estadounidense con licencia activa para operar en territorio venezolano.
El rol de los intermediarios
La fuente consultada por Reuters, que pidió el anonimato, vincula directamente la reunión de Batista con Rodríguez como parte del engranaje para operativizar el flujo de capitales en un país cuya infraestructura está deteriorada tras años de desinversión.
Mientras Delcy Rodríguez busca garantizar la supervivencia de su estructura técnica al frente de la transición, Trump consolida un modelo donde la operatividad queda en manos de grandes corporaciones y la caja registradora en manos del Tesoro estadounidense.
Este esquema de “liquidación y tutela” redefine la geopolítica energética de la región para este 2026, eliminando la autonomía de Miraflores sobre su principal recurso a cambio de una reactivación económica supervisada directamente desde el Salón Oval.
