Milei avanza con su reforma laboral y libera a las empresas del “fantasma” de las indemnizaciones
Redacción Oíd Mortales
La Casa Rosada empezó a mover en silencio un proyecto que dinamita pilares históricos de la Ley de Contrato de Trabajo: fin de la ultractividad, convenios por empresa, servicios esenciales ampliados y un nuevo Fondo de Asistencia Laboral para reemplazar el régimen indemnizatorio. La filtración desató la furia interna del Gobierno y expuso tensiones en el Consejo de Mayo.
La reforma laboral que Javier Milei prepara desde el Consejo de Mayo ya tiene letra fina, y la filtración del borrador encendió todas las alarmas dentro y fuera del Gobierno. La iniciativa, escrita con mano empresaria y aval político de Alfredo Cornejo y Federico Sturzenegger, busca liquidar viejos cimientos del sistema laboral argentino y reordenar el poder entre sindicatos y empresas.
Aunque el Ejecutivo intentó manejar el proyecto bajo estricta confidencialidad, la circulación del PDF entre funcionarios terminó como suele terminar: en celulares, chats, y redes sociales. La Casa Rosada entró en estado de shock al ver que los principales artículos aparecían hasta en Twitter. Las sospechas apuntan a Patricia Bullrich, quien recibió el documento por formar parte de la mesa política pero terminó divulgándolo más de lo previsto —sea por descuido o por cálculo.
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El corazón de la reforma: un fondo para reemplazar las indemnizaciones
El artículo 58 introduce una de las transformaciones más disruptivas: la creación de los Fondos de Asistencia Laboral, una herramienta que permitirá a los empleadores reemplazar el pago directo de indemnizaciones mediante aportes mensuales del 3% de la masa salarial, administrados por entidades supervisadas por la CNV. Cada empresa deberá abrir una cuenta inembargable y de uso exclusivo para ese fin.
Aunque el Gobierno jura que “no toca el régimen indemnizatorio”, el mecanismo apunta a desactivar el efecto disuasorio del despido y a trasladar la responsabilidad económica a un sistema similar al seguro de desempleo ampliado.
Docentes como servicio esencial: la llave para restringir paros
Otro de los puntos más tensos aparece en el artículo 88, donde se declara la educación inicial, primaria, secundaria y especial como servicio esencial, obligando a garantizar al menos el 75% de las prestaciones durante cualquier medida de fuerza. La CGT y los gremios docentes ya advierten que esto implica una virtual prohibición del derecho a huelga en el sector.
Además, una Comisión de Garantías con cinco expertos podrá sumar nuevas actividades como esenciales “por interpretación”. En otras palabras, una puerta abierta para ampliar restricciones según el clima político.
Ultractividad: fin de un bastión sindical
El artículo 111 elimina la ultractividad, es decir, la continuidad automática de los convenios una vez vencidos. Desde ahora, sólo se mantendrán las cláusulas normativas hasta que se firme un nuevo convenio, y las obligacionales caerán salvo acuerdo explícito.
En la práctica, esto deja a miles de trabajadores sin paraguas convencional mientras se renegocian acuerdos —en un contexto donde el Gobierno promueve negociaciones fragmentadas y descentralizadas.
Convenios por empresa: el sueño de las cámaras empresarias
El artículo 115 consagra la preeminencia de convenios de ámbito menor, incluidos los de empresa, que prevalecerán sobre los acuerdos sectoriales o nacionales, sin importar si son anteriores o posteriores. Con este movimiento, la CGT pierde su principal herramienta de negociación colectiva y se habilita un esquema atomizado, caso por caso, donde la fuerza negociadora recae casi exclusivamente en cada empleador.
Asambleas con permiso: otro cerrojo a la actividad sindical
El artículo 117 establece que toda asamblea dentro o fuera del establecimiento requerirá autorización previa, un mecanismo que apunta directamente al corazón de la actividad sindical cotidiana. Para las centrales obreras, esto es un intento de disciplinamiento interno que no se veía desde los años ’90.
Un proyecto explosivo que llega al Congreso con clima enrarecido
La filtración desacomodó al Gobierno, donde conviven el apuro reformista de Sturzenegger, la presión empresaria que empuja Martín Rapallini y Daniel Funes de Rioja, y la necesidad política de no incendiar el frente sindical cuando el oficialismo no tiene mayoría propia.
Mientras Milei prepara el envío formal al Congreso, la pregunta ya no es si habrá conflicto, sino cuán profundo será. Con un sindicalismo en alerta máxima y sectores opositores que ya anticipan judicializaciones, la reforma laboral aparece como el nuevo campo de batalla de un Gobierno que no piensa retroceder en su cruzada contra lo que considera “privilegios del viejo régimen”.
