Morillas en la cuerda floja: apoyo a Cornejo de día, antiminería de noche
Redacción Oíd Mortales
La media sanción al Proyecto San Jorge terminó encendiendo una mecha que el Gobierno provincial subestimó. Lo que en la Legislatura fue presentado como un avance “histórico” en la agenda productiva de Mendoza, en el Valle de Uco se vivió como una provocación. San Carlos, el corazón simbólico y territorial de la resistencia a la minería metalífera, volvió a reaccionar como siempre que siente que se cruza un límite: con gente en la calle, cacerolas, pancartas y la convicción de que la 7722 no se negocia.
El jueves por la noche, mientras aún resonaban los ecos de la sesión en Diputados, cientos de vecinos tomaron la vera de la Ruta 40, frente a la Terminal de Eugenio Bustos. Fue una imagen que puso incómodos a todos: al Gobierno provincial, que intenta instalar la idea de que la minería “ya ganó licencia social”, y al propio intendente Alejandro Morillas, que hace apenas unas semanas decidió formalizar su ingreso a Cambia Mendoza. El cacerolazo —que recién se comunicó de lleno este domingo— dejó un mensaje claro: en el Valle de Uco, el termómetro social no cambió un milímetro desde 2019.
El giro forzado de Morillas en medio del incendio
Con la protesta creciendo y el malestar escalando, el intendente de San Carlos no tuvo margen para la ambigüedad. Morillas, ya integrado al oficialismo provincial y en plena sintonía con Alfredo Cornejo en temas de gestión, se vio obligado a hablar para no quedar del lado equivocado de la ruta. Y lo hizo con un mensaje que sonó más a advertencia que a comunicado institucional:
“En nombre del mandato que nos dio nuestro pueblo, reafirmo con el corazón lo que siempre sostuvo esta comunidad: defendemos la 7722. Sin licencia social no hay minería”.
La frase cayó como un ladrillo dentro del oficialismo. No porque Morillas haya dicho algo inesperado —San Carlos tiene identidad antiminería desde hace décadas— sino porque quedó en evidencia la contradicción de fondo: un intendente que se abrazó a Cambia Mendoza para garantizar gobernabilidad y recursos, pero que cuando el costo social aparece, vuelve a su ADN ambientalista para no perder territorio.
Morillas llegó al poder acompañado por Jorge Difonso, uno de los referentes antiminería más visibles de la provincia, pero no dudó en ser el primer jefe comunal no radical en unificar sus elecciones con el gobernador y, luego, en firmar su pase al oficialismo provincial. Ahora, con el conflicto en carne viva, el intendente intenta sostener dos tableros a la vez: el apoyo a su comunidad y la alianza que le da aire político y financiero.
Un oficialismo fracturado por su propio impulso
La posición de Morillas deja al Gobierno provincial en una situación incómoda. Cornejo celebró la media sanción de San Jorge como un hito productivo, pero la reacción del Valle de Uco demuestra que la “licencia social” sigue tan firme como la piedra. Los intendentes radicales, muchos de los cuales apoyan la minería para evitar aparecer como obstáculos del desarrollo, miran el conflicto con cautela: nadie quiere ser el primero en enfrentarse a un pueblo que ya demostró que puede voltear leyes, ministros y proyectos en cuestión de horas.
La escena revela una verdad que el Ejecutivo no puede tapar con discursos:
la agenda minera avanza en el papel, pero retrocede en la calle.
Y en Mendoza, históricamente, cuando ambas chocan, gana la calle.
La incomodidad política del oficialismo es evidente. La foto de Morillas en redes reafirmando la defensa de la 7722 se convierte en un recordatorio de que los votos no se mueven por comunicados, sino por la identidad territorial. Y San Carlos, pese a los realineamientos políticos, sigue siendo San Carlos: orgulloso, ambientalista, desconfiado del Estado y dispuesto a resistir.
San Jorge abrió un frente donde el Gobierno menos lo esperaba
El oficialismo apostó a mostrar “madurez institucional” y “coraje político” con la aprobación de la DIA, pero lo que logró, al menos en el corto plazo, fue revitalizar el movimiento ambientalista que dormía desde 2019. San Carlos volvió a encender el motor de la protesta y su intendente volvió a su tradición discursiva por puro instinto de supervivencia.
El mensaje es claro:
el conflicto minero nunca estuvo cerrado. Solo estaba esperando una chispa.
Y San Jorge, para el Gobierno, ya dejó de ser un proyecto técnico.
Ahora es un problema político.
