sábado, septiembre 19 2026
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El juez que encabeza el concurso para ser magistrado en Zapala enfrenta al mismo tiempo un proceso disciplinario por cinco fallos polémicos, incluido uno que terminó en un homicidio brutal. Hoy, Sarmiento se juega todo: su futuro profesional depende de convencer a un tribunal mientras otro revisa si merece ser apartado.


El juez Sebastián Sarmiento atraviesa una jornada que podría definir su futuro en dos direcciones opuestas: un ascenso como magistrado de Ejecución Penal en Neuquén o una caída estrepitosa si el Jury de Enjuiciamiento en Mendoza decide avanzar hacia su suspensión. Mientras en Zapala se lo considera el mejor posicionado del concurso público 263, en su propia provincia carga con un expediente disciplinario por cinco fallos cuestionados, incluido uno que permitió la libertad anticipada de un condenado que luego asesinó al policía retirado Héctor Pelayes. Hoy, Sarmiento enfrenta una doble rendición de cuentas: una institucional, otra política; una que podría premiarlo, otra que podría expulsarlo del Poder Judicial.

Sarmiento llega a la entrevista personal del Consejo de la Magistratura neuquino como el candidato con mayor puntaje entre los ternados. Sus antecedentes académicos, exámenes y trayectoria lo posicionan primero en la nómina, un lugar que cualquier magistrado en carrera desearía ocupar. La entrevista de este jueves, sin embargo, se desarrolla con un condimento que transforma la instancia en un escenario a puro filo: su situación judicial en Mendoza. Aunque el Consejo evalúa un concurso técnico, el contexto pesa. No es lo mismo competir con un expediente limpio que hacerlo mientras un tribunal de 21 miembros analiza si tu actuación como juez provocó consecuencias irreparables.

El caso que partió en dos la carrera del magistrado es la libertad condicional otorgada a un preso que, a los pocos días, mató a un policía retirado durante un asalto en Guaymallén. Ese episodio fue el núcleo de la denuncia del diputado radical Franco Ambrosini, que acusó a Sarmiento de haber aplicado criterios erróneos, laxos y peligrosos al conceder beneficios a condenados con reincidencias graves. A partir de allí, se sumaron otros cuatro casos que el Jury evalúa como parte del patrón decisorio del juez. La votación preliminar para admitir la denuncia ya marcó el clima: 16 votos para avanzar, solo cinco para oponerse. El proceso disciplinario no es, a esta altura, un trámite menor, sino un riesgo concreto.

La defensa de Sarmiento también fue un capítulo accidentado. Primero pidió un defensor público, pero rechazó al abogado designado por no tener jurisdicción en el Gran Mendoza. Luego, la defensora asignada se excusó por “conflictos de intereses”. Finalmente, quedó representado por la defensora pública Silvina González, aunque el propio juez optó por defenderse también por escrito, con un documento presentado el 5 de noviembre donde aseguró que el Jury era una “maniobra política” para sacarlo del medio. El gesto buscó mostrar seguridad, pero también dejó entrever una convicción: si no abandona su cargo en Mendoza, es porque apuesta a resistir hasta el final.

El Jury al juez Sebastián Sarmiento se estancó por la designación de un  defensor público de Alvear

El Jury, integrado por los siete ministros de la Suprema Corte, siete senadores y siete diputados provinciales, deberá decidir si existen méritos suficientes para suspenderlo. Si once miembros votan afirmativamente, Sarmiento será apartado de su cargo, el Procurador General tomará el rol acusador y el proceso avanzará hacia un eventual juicio de destitución. En ese escenario, su carrera judicial en Mendoza quedaría prácticamente terminada. Por eso, la entrevista de hoy en Neuquén no solo representa una oportunidad profesional, sino también un refugio institucional: si es designado juez en Zapala, deberá renunciar a su cargo en Mendoza, una renuncia que debe aceptar el gobernador Alfredo Cornejo. Si eso ocurre, el Jury perdería objeto y el proceso se extinguiría.

En otras palabras: Sarmiento camina sobre una cuerda floja que une dos provincias y dos futuros posibles. En una, puede convertirse en magistrado de Ejecución Penal; en la otra, puede ser suspendido o destituido. La paradoja es evidente: el juez que lidera un concurso impecable enfrenta, al mismo tiempo, uno de los expedientes disciplinarios más sensibles de los últimos años en Mendoza. Desde que el caso de Pelayes sacudió a la opinión pública y tensó la relación entre el Poder Judicial y la política, todo lo que rodea a Sarmiento quedó bajo la lupa.

La entrevista en Neuquén será decisiva. Pero el verdadero veredicto, aquel que definirá si Sarmiento sube un escalón en la carrera judicial o si cae al vacío institucional, no llega hoy: llegará desde el Jury mendocino, que ya huele sangre y analiza, con ritmo lento pero firme, cada uno de los actos del magistrado. El juez que hoy pide un ascenso enfrenta, en paralelo, la posibilidad más temida para cualquier funcionario judicial: la pérdida de la confianza institucional y la sombra de la destitución. Su carrera, hoy, pende de un hilo. Y los dos extremos de ese hilo están a 1.000 kilómetros de distancia.