Vacantes eternas, concursos dormidos y un Senado paralizado: así se desarma la Justicia Federal
Redacción Oíd Mortales
La Justicia Federal de Mendoza funciona con un cuarto de sus cargos vacíos, incluida la mitad de la Cámara Federal, mientras el Gobierno acumula ternas en un cajón y el Senado no logra cerrar un solo acuerdo. El sistema acusatorio avanza; la política retrocede. Y el costo lo pagan los ciudadanos.
La crisis de vacantes en la Justicia Federal dejó de ser una alarma institucional para convertirse en un fenómeno crónico que atraviesa a todo el país, pero que en Mendoza tiene un impacto especialmente profundo. Hoy, la región cuyana —que incluye Mendoza, San Juan y San Luis— funciona con 7 cargos vacantes sobre un total de 27, es decir, un 26% de su estructura judicial deshabitada. No se trata solo de números: es la constatación de que las instituciones están funcionando con piezas faltantes desde hace años. La situación más crítica se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones, donde la mitad de los cargos permanece vacía. Tres sillas claves, que ordenan la jurisprudencia local y definen la suerte de causas sensibles, llevan años esperando designación. Una vacante está abierta desde enero de 2018, otra desde marzo de 2020 y la tercera desde abril de 2022. Tres años, cinco años, casi ocho. Las ternas están listas, los concursos rendidos, los exámenes corregidos y los candidatos ordenados por mérito. Lo único que no llega es la política.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, no se designó un solo juez federal en toda la Argentina. Al mismo tiempo, renunciaron 83 magistrados y hoy existen 609 cargos vacantes a nivel nacional, casi un 40%. Una paradoja dolorosa: hay más gente queriendo entrar al sistema que gente quedándose en él. Mendoza, pese a estar mejor que el promedio, sufre igual la lógica del abandono. El Gobierno tiene las ternas en su despacho, pero no los votos en el Senado. Y sin votos, no hay designaciones. Sin designaciones, no hay jueces. Y sin jueces, no hay justicia eficaz.
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El sistema acusatorio exige más, pero recibe menos
La transición al sistema acusatorio debería haber significado más presencia del Estado en cada etapa del proceso penal. Más audiencias, más fiscales, más jueces, más defensores oficiales. Pero ocurrió lo contrario: se multiplicó la demanda, pero no la oferta. Hoy la Justicia Federal mendocina trabaja como si nada hubiera cambiado, pero con una carga duplicada. Los jueces que sí están en funciones admiten que llevan meses en una dinámica de “doble jornada”: reemplazan a los que no están, absorben el impacto de las nuevas reglas procesales y lidian con una agenda de audiencias que se acumula todos los días.
A esto se suma el agujero en primera instancia: el juzgado que dejó vacante Walter Bento, destituido e imputado, sigue sin juez titular. En San Juan, otro juzgado está vacío desde octubre de 2022, y en los tribunales orales de Mendoza y San Luis faltan dos jueces más. Todo esto con concursos concluidos y ternas aprobadas. El sistema técnico cumplió su parte; la política, no.
La parálisis con consecuencias reales
La gravedad del problema es que esta situación ya no sorprende a nadie. En la Cámara Federal reconocen que no pueden “planificar avances” y que lo único posible es multiplicar esfuerzos mientras esperan que el Senado destrabe lo que el Ejecutivo no puede negociar. La justicia no está “colapsada”, pero sí saturada, demorada, tensa, funcionando en condiciones que comprometen seriamente los tiempos de resolución. Y cuando la Justicia llega tarde, deja de ser justicia. Se convierte en una formalidad vacía, en un ritual burocrático que no cumple su función.
La ciudadanía paga esa demora en cada denuncia que no avanza, en cada audiencia que se reprograma, en cada expediente que espera un juez que todavía no fue nombrado. Mendoza tiene hoy una Justicia Federal que trabaja con el 75% de su estructura, pero atiende al 100% de sus demandas. El resultado es previsible: plazos que se estiran, decisiones que se dilatan y un sistema que se desarma a la vista de todos.
La Argentina discute reformas, cambios, modernizaciones y sistemas procesales modernos. Pero nada de eso sirve cuando falta lo básico: jueces en sus despachos. Mientras las vacantes sigan eternas, los concursos dormidos y el Senado paralizado, la Justicia Federal será una estructura incompleta tratando de sostener un país que hace tiempo dejó de esperar respuestas.
