San Jorge se vota: Mendoza deja el miedo y vuelve al desarrollo
Redacción Oíd Mortales
A catorce años del rechazo unánime que frenó el proyecto, Diputados vuelve a votar la DIA de San Jorge en un clima político radicalmente distinto: sin masividad en las calles, con una mayoría legislativa alineada y con un Gobierno decidido a convertir esta sesión en el punto de inflexión de la relación entre Mendoza y la minería. La pregunta es otra: ¿está la provincia lista para virar su matriz productiva o sólo estamos ante un revival de viejas tensiones disfrazadas de consenso?
La sesión de este miércoles no es una más. Es, en rigor, una corrección histórica. Catorce años después del rechazo unánime que convirtió a San Jorge en un símbolo del miedo político, Mendoza vuelve a discutir minería, pero ya no desde el pánico ni desde el cálculo electoral; lo hace desde la necesidad real de dejar atrás un modelo económico agotado. Lo que está en juego no es un expediente: es la capacidad de la provincia de animarse a un rumbo distinto.
En el fondo, San Jorge se convirtió en un espejo incómodo. Durante más de una década, Mendoza se contó a sí misma un relato tranquilizador: que la matriz productiva estaba bien, que no hacía falta cambiar nada, que la estabilidad valía más que el desarrollo. Pero los números desmintieron la ilusión. Sectores estancados, salarios que no alcanzan, jóvenes que se van, y una estructura económica que repite sus límites desde hace veinte años. Mientras tanto, el mundo se reconfiguró alrededor de minerales críticos y transición energética. Y ahí estaba Mendoza, empantanada en la discusión más vieja de su agenda: minería sí o no.
La sesión de hoy funciona como un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, la dirigencia mendocina llega al recinto sin pedir disculpas por querer crecer. El gobierno de Alfredo Cornejo trabajó metódicamente para reconstruir un consenso político que parecía imposible: un bloque oficialista ordenado, sectores del peronismo dispuestos a acompañar, una Unión Mendocina que entiende el concepto de diversificación productiva y un PRO que ya no teme la caricatura ambientalista. No es casual. Los tiempos cambiaron y los discursos también. La provincia ya no se puede dar el lujo de seguir paralizada mientras otras jurisdicciones avanzan.
El contraste con 2011 es brutal. Aquella tarde, San Jorge fue rechazado en medio de una Legislatura tomada, con un radicalismo jugando la interna en la superficie y un peronismo disciplinado desde la campaña de Francisco Pérez. La política eligió el camino más fácil: bajar la persiana antes de enfrentar el costo. Nada de eso ocurre hoy. No hay masividad en las calles. No hay clima de insurrección. Hay debate, sí; hay sectores en contra; también objeciones técnicas. Pero el nivel de conflictividad social es incomparable. Lo que existe ahora es un ruido puntual que intenta presentarse como clamor general. Y Mendoza ya aprendió, dolorosamente, que gobernar por la excepción no es gobernar.
El comunicado del CONICET: ciencia selectiva para incomodar al Gobierno
El comunicado del CONICET Mendoza apareció —casualmente— en la víspera de la sesión. Es un documento extenso, solemne y lleno de advertencias genéricas. Pero lo que no dice es más importante que lo que dice. No aclara, por ejemplo, que muchos de los informes citados son diagnósticos preliminares, no evaluaciones finales. Tampoco menciona que la empresa ya está obligada por ley a cumplir todos los requerimientos de Irrigación, de Patrimonio y de las direcciones técnicas, ni que la DIA incorpora esas exigencias como condiciones previas a la explotación.
Varias objeciones del comunicado se basan en datos viejos, líneas de base incompletas o incluso estudios de hace más de quince años que fueron reemplazados en el nuevo proceso técnico. En algunos casos, el tono del documento sugiere más un posicionamiento político-institucional que un análisis científico riguroso: habla de “riesgos no previstos”, cita supuestos impactos patrimoniales sin un estudio arqueológico terminado y dramatiza escenarios sin considerar la tecnología actual de flotación ni los estándares internacionales vigentes.
La ciencia seria corrige, actualiza y contextualiza. No milita.
El comunicado, lamentablemente, milita.
La pregunta de fondo es sencilla:
¿por qué, si sus observaciones eran tan decisivas, no fueron presentadas con esta intensidad durante el proceso técnico oficial, donde sí había instancias formales para debatir?
¿Por qué aparecen ahora, en formato “pronunciamiento institucional”, justo antes de la votación legislativa?
La respuesta es evidente: el objetivo no es científico, es político.
La hora de decidir
San Jorge es un proyecto distinto, moderno, compatible con la 7722, sin sustancias prohibidas, con flotación, con impermeabilización exigida, con auditorías permanentes y un paquete de condiciones que ningún proyecto minero tuvo en la historia provincial. No se trata de fe, sino de método. Y método es precisamente lo que sobra en el expediente y lo que falta en gran parte del debate público.
La apuesta del Gobierno por lograr 32 votos no es un gesto de soberbia: es una señal de madurez institucional. Es demostrar que la minería puede ser política de Estado, no un péndulo emocional entre marchas y contra-marchas.
Si la Legislatura aprueba la DIA —y todo indica que así será—, Mendoza habrá dado un paso que se negó durante demasiado tiempo: animarse a salir del atraso voluntario. Porque no se trata de elegir entre minería o ambiente; se trata de elegir entre parálisis o desarrollo. Entre repetir los reflejos de 2011 o asumir, por fin, que el futuro exige decisiones.
