Presentaron la querella contra Julián Aguilera por la agresión en Arístides: avanza la causa penal
Redacción Oíd Mortales
La causa por la agresión ocurrida en plena calle Arístides Villanueva ya no admite matices ni relativismos: los abogados Juan Martín Vargas Salafia y Bruno Magnani presentaron una querella penal directa contra Julián Aguilera, militante kirchnerista identificado como el agresor que dejó hospitalizado al libertario Luis Pujol. El expediente, P-110831/25, quedó en manos del fiscal Gustavo Walter Stroppiana, quien investiga el hecho bajo la figura de lesiones leves.
Lo ocurrido en la calle Arístides Villanueva no fue un simple encontronazo entre dos ciudadanos con opiniones distintas. Fue la versión más básica y peligrosa de la política argentina: un hombre golpeando a otro porque piensa distinto. Y esta vez —finalmente— alguien decidió no mirar para otro lado.
Los abogados Juan Martín Vargas Salafia y Bruno Magnani presentaron la querella penal contra Julián Aguilera, el militante kirchnerista señalado como el agresor del libertario Luis Pujol. La causa quedó radicada en el expediente P-110831/25, bajo la investigación del fiscal Gustavo Walter Stroppiana.
Hasta acá, los datos. Lo importante viene después.
“Vamos a fondo. Hay que establecer un límite claro a la violencia política. Si no se frena ahora, mañana será peor”, afirmó Vargas Salafia. No es una frase al pasar: es una definición política, jurídica y ética. Una advertencia sobre un clima que, si no se encauza, va a terminar explotar por el lugar menos pensado.
Porque esto no es Arístides. No es Pujol. No es Aguilera.
Es la grieta convertida en golpe de puño.
Los videos y testimonios presentados muestran algo más que un intercambio subido de tono: muestran un país encapsulado en dos bandos que ya no discuten —se empujan, se insultan, se pegan. Lo que antes era debate hoy es un empujón. Lo que antes era una chicana hoy es un golpe. Y lo que antes era un exceso verbal hoy termina en un expediente penal.
La decisión de acudir directamente a la Justicia tiene un valor: la política no puede abandonar la civilización mínima. No puede ser que un militante termine en el hospital porque al otro le molesta su símbolo partidario. No puede ser que discutir ideas tenga como consecuencia un hematoma. Y no puede ser que todo eso —en pleno 2025— se considere algo “normal”.
El mensaje de la querella es simple, pero contundente:
hasta acá.
Hasta acá la violencia disfrazada de militancia.
Hasta acá la tolerancia a la agresión como herramienta de identidad política.
Hasta acá la idea de que “son cosas que pasan”.
El fiscal Stroppiana deberá ahora avanzar en un expediente que, más que un caso aislado, empieza a parecer un aviso. Un espejo incómodo donde se refleja una ciudadanía crispada que ya no mide consecuencias.
“No es vendetta. Es un límite. Y cuando el límite no lo ponen los políticos, lo pone la Justicia”, remató Vargas Salafia.
Aguilera, ahora formalmente señalado en la querella, tendrá que responder.
Y Mendoza —quizás por primera vez en mucho tiempo— tendrá que preguntarse si está dispuesta a seguir naturalizando la violencia política o si, como sugiere este caso, llegó el momento de empezar a desarmarla.
